Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de que los nuevos representantes del gobierno atiendan las problemáticas socioambientales en el sureste del país, los pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una solicitud para que la Península se declaré como zona de emergencia socioambiental.
Lo hicieron ante la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Salud y los gobiernos estatales.
En conferencia de prensa, representantes en defensa de la vida y el territorio de los pueblos mayas señalaron que los megaproyectos que se han realizado al menos en la última década en la Península de Yucatán bajo un supuesto modelo de desarrollo ha impactado y afectado el ecosistema y su territorio.
El fundamento de su petición, aseguró Claudia Con, apicultora del pueblo Chocholá, es “usando el derecho que nos pertenece como pueblos indígenas a una autodeterminación, a tener la soberanía de organizarnos como nosotros decidamos de acuerdo a los usos y costumbres».
Entre las afectaciones que denunciaron los colectivos de la Península están la deforestación, el ecocidio, el despojo de tierras, el saqueo de territorio, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la pérdida masiva de colmenas de abejas y la ruptura del tejido social.
¿Desarrollo para quién?
Wilson Ávilez es campesino y apicultor originario de la comunidad Candelaria del municipio José María y Morelos, Quintana Roo. Desde el 2012, asegura, la Península ha presenciado la muerte masiva de abejas, uno de ellos Quintana Roo, estado que en 2018 sufrió la pérdida de más de mil colmenas:
“La muerte masiva de abejas deriva del uso de productos de agroquímicos como el fipronil, este es muy dañino para todo tipo de polinizadores y para la salud humana. Exigimos que haya un control en el uso y venta de agroquímicos que incluso en otros países están prohibidos”.
Como reportó Pie de Página, la actividad apícola de las comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo está en riesgo de extinción. Esto, como consecuencia del uso de insecticidas como el fipronil, al afectar la producción de miel la economía de las familias de estas comunidades se ve comprometida, ya que es el sustento de sus hogares.
La autoridades municipales, estatales y federales han sido cómplices de este agronegocio,las denuncias y amparos incumplidos por las autoridades son proporcionales a las afectaciones que se multiplican a través de la Península de Yucatán.
Silvia Beatriz Chalé integrante Kaabnalo´on Alianza Maya por las abejas hizo énfasis en cómo afectan estos megaproyectos en la vida de los pueblos y su relación con la naturaleza, destacó que los agroquímicos, la contaminación de las empresas, de las industrias porcícola y avícola que no cuentan con permisos ambientales, la mafia inmobiliaria y agraria son los actores principales que contaminan los suelos y el acuífero maya y no tienen una regulación:
“Esto incrementa el despojo de la tierra de los pueblos, nos quita el derecho que tenemos a los recursos naturales. Hasta el día de hoy ninguna institución de gobierno ha establecido mecanismos para cambiar este sistema que perjudica a las comunidades mayas”.
Exigencias para iniciar un diálogo y construir relaciones
Itzel oriunda del municipio de Hopelchén, denunció que a la administración de gobierno pasada se le solicitó esta petición de declarar a la Península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental pero hicieron caso omiso:
“Ante toda la evidencia científica y los estudios que realizaron las instituciones del sexenio pasado, nos damos cuenta que sigue en riesgo la vida de las comunidades mayas”.
Debido a este conjunto de consecuencias irreversibles que han provocado los megaproyectos en el territorio maya, los colectivos han presentado esta declaratoria en donde exponen sus exigencias a los representantes de este sexenio:
Sobre la crisis que enfrentan las abejas:
Que se prohíba la comercialización y el uso del fipronil y los neocotinoides. Que se trabaje en establecer mecanismos de prevención y atención de eventos de intoxicación de abejas por plaguicidas. Que se redoble el esfuerzo para detener el avance de la frontera agrícola, derivado de la expansión agroindustrial. Que se establezca, junto con las comunidades afectadas en los tres estados y un grupo de expertas y expertos consensuados entre comunidades y estado, un programa de reforestación para la península de Yucatán.
Sobre la industria porcícola y avícola:
Que se revoquen permisos, licencias y autorizaciones de operaciones e incluso la clausura definitiva de los proyectos extractivistas, que se pruebe su ilegalidad y el daño ambiental y social que están ocasionando. Que las autoridades competentes no otorguen ningún otro permiso, licencia o autorización para la construcción y operación de megaproyectos en la Península de Yucatán, que sea comprobado por medio de diagnósticos oficiales que están impactando significativamente. Que se determine la capacidad de carga de la Península de Yucatán y con base a la misma se realice una ordenación rigurosa del territorio en zonas ganaderas de la Península en donde no se permite ocupar suelo de conservación o protección para proyectos de agricultura industrial o de infraestructura en general.
Sobre el extractivismo inmobiliario:
Detener el green marketing y el extractivismo urbano que promueve el paisajismo verde, pero que se basa en la afectación y modificación del monte, los cenotes, las costas, con el fin de convertirlos en polos urbanos y turísticos. Generar medidas de justicia socioambiental respetando el derecho de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
