Once Noticias
La reciente publicación del decreto por el que se creó una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, es un paso a la justicia ambiental, porque se incluye la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials.
Con este decreto, publicado el 23 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa anunciada de convertir este lugar en ANP, antes de terminar su administración, para frenar el ecocidio cometido durante más de 30 años en la región.
Raúl Benet, biólogo y asesor ambiental de las comunidades que sostienen una lucha jurídica contra la empresa estadounidense, considera que es un paso hacia la justicia ambiental.
“Durante años, la Presidencia de la República ha buscado una solución para detener la devastación provocada por la empresa norteamericana Vulcan Materials. Ante la negativa de salirse, la búsqueda que se está haciendo, desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) está en sintonía con la lucha por sacar a esta empresa de México”, señaló Raúl Benet a Once Noticias Digital.
La declaratoria de la nueva ANP abarca 53 mil 227 hectáreas, el 4.4% corresponden a las 2 mil 387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan Materials, empresa propietaria de Calizas Industriales del Carmen (conocida como Calica) y de la Terminal Marítima Punta Venado.
Desde ese muelle se embarcó el material pétreo que se extrajo del subsuelo mexicano y se exportó a Estados Unidos, para la construcción de casas y adorno de jardines.
El biólogo reconoció que esa extensión es relevante, “es muy importante y tiene la intención de recuperar esa selva en la que la mina provocó tanto daño”, sentenció.
La declaratoria se hizo bajo la categoría de área de protección de flora y fauna, y se extiende en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum.
De acuerdo con el decreto, en este lugar habitan especies que se encuentran en riesgo: hay anfibios, peces, aves, reptiles e invertebrados. Multiplicidad de árboles, plantas y mangle. También hay mamíferos como la musaraña y el puercoespín tropical, el mono araña, el saraguato negro y el jaguar.
Recuperar este sitio es un reto, porque entre las afectaciones sobresale la contaminación de acuíferos.
“Es muy difícil recuperar un acuífero cuando está contaminado, sobre todo en este caso, que se rompió el equilibrio entre la parte del agua salina y el agua. Resolver ese problema es un reto tecnológico, para que las comunidades tengan acceso al agua potable, porque ellos (Vulcan Materials) volvieron el agua no potable al fracturar el equilibrio entre la capa salina, que está abajo, y la capa de agua dulce. Con las gigantescas excavaciones provocaron una salida al acuífero y lo está sufriendo la gente”, señaló el biólogo.
De acuerdo con Semarnat, entre los daños que provocó la extracción minera fue la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, la alteración de la presión del acuífero, así como en la calidad y pureza del agua, en el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, la alteración del paisaje natural y la fragmentación del manglar.
Comunidades esperan visita de autoridades
Hay júbilo por el decreto, porque las comunidades que habitan en la región han esperado por sexenios, una acción contundente para frenar el ecocidio. Al respecto, el biólogo aplaude la promesa cumplida del presidente López Obrador, y señala que esperan la visita de las autoridades, para que informen a las comunidades sobre el decreto del ANP Felipe Carrillo Puerto.
“La gente está muy contenta, es un logro muy importante. Estamos esperando a que haya mayor formalidad para rendirle cuentas a la gente. Hubo una consulta en donde participamos con nuestras opiniones y en ella expresamos que se tiene que tomar en cuenta a las comunidades, son las que fueron afectadas y siguen siendo afectadas por el desastre ambiental que provocó Calica”, sentenció Raúl Benet en la entrevista.
Y es que uno de los argumentos que utilizó la empresa para justificar la razón de este proyecto fue que en la zona no había comunidades, pero a 20 km de la mina, en Solidaridad, viven más de 30 mil habitantes.
La lucha jurídica
El biólogo recordó que las comunidades sostienen también una lucha jurídica en contra de la empresa transnacional, en donde exigen el resarcimiento de los daños provocados por la minera.
“Muchas empresas mineras canadienses o de Estados Unidos están acostumbradas a tener a los jueces a su disposición. Ellos saben cómo manejarse en nuestro sistema judicial. Ahora están muy preocupados con la nueva Reforma Judicial, porque no saben en qué piso están parados, pero nosotros sí, y seguimos con esa demanda. Consideramos que tenemos derecho”, enfatiza el experto.
Se trata de una demanda colectiva que impulsaron habitantes de Solidaridad por daños al acuífero y medio ambientales. Este recurso legal fue interpuesto ante el Juez de Distrito con sede en Cancún por graves violaciones de esta compañía en contra del derecho humano de los habitantes a un medio ambiente sano y el derecho de niñas y niños a un desarrollo saludable.
La declaratoria, tal como contó el biólogo, es una paso fundamental en términos ambientales, pero viene el reto de trabajar en conjunto con las comunidades, para lograr que también participen en la ardua labor de proteger al ANP Felipe Carrillo Puerto.
Ante la negativa de la empresa estadounidense, para lograr un acuerdo con nuestro país y vender los predios al gobierno mexicano, continúan con un proceso ante el Tribunal del Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), desde 2018.
Ahora, con la declaratoria de ANP, se prohíbe todo tipo de actividad extractiva, por lo que Vulcan ya no puede extraer material pétreo del subsuelo para exportarlo a Estados Unidos.
