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Guatemala se encuentra «bajo fiscalización internacional» por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a la detención arbitraria de tres personas, incluido el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, según trascendió este viernes (23.08.2024).
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), del Gobierno de Bernardo Arévalo, detalló este viernes en un comunicado que además de Zamora Marroquín, la ONU investigó y está al tanto de las detenciones de Sergio Alfredo Herrera Acevedo y la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022, sólo cinco días de lanzar fuertes críticas por corrupción en contra del presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei y el exfuncionario, Miguel Martínez, a quienes denominó en un editorial como «el ogro y el príncipe» y los señaló de cooptar el Estado.
El Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos al igual que Giammattei y Martínez, capturó a Zamora Marroquín bajo cargos de lavado de dinero, que hasta la fecha no han sido probados, pero mantienen al periodista en prisión preventiva.
Por su parte, Virginia Laparra estuvo en prisión entre 2022 y 2024 por un supuesto delito administrativo cometido en 2018, cuya acusación estuvo a cargo del ex relator contra la Tortura de Guatemala, Lesther Castellanos Rodas, también sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa. Debido a la persecución judicial de la Fiscalía, Laparra decidió salir del país en 2024 para exiliarse.
Por su parte, Herrera Acevedo es hijo del operador político Gustavo Herrera, acusado en múltiples casos de corrupción estatal en Guatemala, y estuvo en prisión preventiva de 2019 a 2022 por un caso de 2003.
La COPADEH añadió que Guatemala «se encuentra bajo la vigilancia y la supervisión» del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Subcomité para la Prevención de la Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ambos «mecanismos de protección» para los derechos humanos de la ONU.
En julio de 2024, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de cinco días a Guatemala para verificar la situación de la democracia en el país centroamericano, a petición del Gobierno de Arévalo.
Entre 2019 y 2023, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala decidieron salir al exilio tras denunciar «persecución política» en su contra por parte del Ministerio Público bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y también por la Unión Europea.
