El Financiero
Nueve organizaciones de los sectores de la manufactura, la industria médica, química, de las energías limpias, petróleo y componentes electrónicos manifestaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas que en México está en proceso de ser discutido, pues, dijeron, implica cambios constitucionales contrarios al T-MEC.
A través de una carta enviada el pasado 19 de agosto al Secretario de Estado, Antony Blinken, solicitaron su intercesión con la próxima presidenta de México, Claudia Sheibaum, para que el proceso de reformas tome su tiempo para su discusión y análisis.
“Estamos profundamente preocupados porque las enmiendas constitucionales dañarán no solamente el atractivo de México como un lugar para invertir y hacer negocios, también dañarán el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva, creemos que el gobierno mexicano debe tener en cuenta sus obligaciones con el T-MEC y el valor del acuerdo para Estados Unidos y México, que se verá amenazado si estas enmiendas se promulgan tal y como se proponen actualmente”, expusieron.
La Advanced Medical Technology Association, American Chemistry Council, American Clean Energy Association, American Petroleum Institute, Service Industries Coalition, Electronic Components Industry Association, Information Technology Industry Council, the National Association of Manufacturers and the National Mining Association, fueron los organismos firmantes de la misiva en donde identifican “varias” enmiendas a la Constitución de México que les preocupan como las destitución de los jueces y reemplazarlos por elección popular al significar riesgos para el derecho fundamental y para la administración de justicia en el país.
Sin un sistema judicial justo y con los otros cambios propuestos en el paquete de reformas a la Constitución, el cumplimiento del TMEC será sometido a una tensión adicional, dañarán la relación comercial y las inversiones.
Conscientes de la soberanía de México y su libertad para reformar sus leyes, el sector privado también externó preocupación por la desaparición de los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
