«En la zona Altos de Chiapas persisten conflictos agrarios los cuales solo podrán resolverse restituyéndoles tierras por medio de un fideicomiso», afirmó Carlos Mario Estrada Urbina, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del estado de Chiapas.
El legislador del Partido del Trabajo destacó que el gobierno estatal y por ende el Poder Legislativo de Chiapas están impedidos de resolver esta situación, pues se trata de un tema federal que podría ser atenuado creando el gobierno un fideicomiso «empero, viendo como está ahora el país, lo veo difícil», dijo.
Al respecto, el legislador recordó que en 1986 se pudieron resolver dos problemas de ésta índole en Villacorzo y Villaflores que abarcaba una extensión de mil 300 hectáreas y agregó que se trata de situaciones complicadas, pues intervienen muchas personas cada una de las cuales cuida sus propios intereses.
Estrada Urbina aceptó desconocer qué porcentaje de las tierras en Chiapas se encuentran con estas dificultades, sin embargo, una investigación de 2006 publicada de María Tarrío García y Luciano Concheiro Bórquez, profesores–investigadores, Departamento de Producción Económica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, aporta algunos datos.
En dicha publicación, los estudiosos señalan que en Chiapas los sistemas de tenencia están conformados por el sector privado, cuyas tierras pertenecen a particulares, y el sector social. El sector social está integrado por el sector comunal, constituido por las comunidades indígenas y el sector ejidal, al que pertenecen los campesinos ejidatarios.
Este sector es producto de las dotaciones de tierras otorgadas a la población campesina del país a partir de la Revolución de 1910. El otorgamiento fue una respuesta de los respectivos gobiernos a las luchas campesinas por la tierra y, de cierta manera, respondió a los compromisos establecidos entre el gobierno y los actores sociales del campo, constituidos con una de las bases sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también a las presiones del campesinado organizado sobre los gobiernos, a pesar del pacto corporativo establecido entre ambos. La devolución de las tierras a los campesinos se hizo bajo la forma de ejidos y de restitución de bienes comunales.
María Eugenia Reyes, proporciona información significativa. Entre 1920 y 1984, la superficie concedida por resolución presidencial fue de tres millones 099 mil 275 hectáreas, la perteneciente a las resoluciones ejecutadas fue de dos millones 952 mil 652 hectáreas y, la concedida no ejecutada en ese periodo, es decir, que no se entregó a los demandantes, fue de 146 mil 636 hectáreas.
Desde otra perspectiva, en 1988 existían en Chiapas 503 mil 402 hectáreas de tierras nacionales en manos de particulares, 17 mil 171 tituladas que representan 3.4 por ciento, y 486 mil 231 sin titular, equivalentes al 96.6 por ciento.
