Óscar Gómez
San Cristóbal de Las Casas.– El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha emitido una Nota Verbal al Estado Mexicano, instando a las autoridades a realizar una búsqueda inmediata y exhaustiva de Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, defensores indígenas y miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC). Estos activistas fueron reportados como desaparecidos desde hace más de un año, y sus familias, representadas por el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, han solicitado la intervención internacional para esclarecer su paradero.
En la comunicación, el Comité expresó su profunda preocupación por la falta de avances significativos en la búsqueda y en la investigación del caso. Según el organismo, las acciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas han sido insuficientes y no han seguido todas las líneas de investigación posibles. En particular, el Comité cuestionó la ausencia de una estrategia clara y la falta de acciones en San Francisco Pujiltic, lugar donde se reportó la desaparición, debido a bloqueos y la necesidad de autorización por parte de las autoridades ejidales.
Además, el Comité criticó la decisión de desplegar fuerza pública y militares en las comunidades de la OCEZ-RC, sugiriendo que esta medida podría ser percibida como una forma de criminalización hacia los miembros de la organización, quienes han sido objeto de persecución por su activismo en defensa de los derechos indígenas. Esta estrategia, según el Comité, podría obstaculizar aún más los esfuerzos para localizar a Aguilar de la Cruz y Díaz Gómez, y clarificar su desaparición.
El organismo internacional reiteró sus recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, la necesidad de establecer de inmediato un plan de acción integral para la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de su caso, que incluya un análisis de contexto para identificar posibles vínculos entre actores estatales y grupos criminales. También se pidió asegurar la participación de los familiares en los procesos de búsqueda e investigación, y aclarar cualquier obstrucción que haya impedido el avance de las diligencias.
La Secretaría General de Gobierno de Chiapas respondió a la Nota Verbal convocando a una reunión con la directiva de la OCEZ-RC y otras autoridades locales. Sin embargo, los familiares y representantes de los desaparecidos cuestionaron el retraso en la respuesta oficial, señalando que las acciones debieron tomarse desde el momento en que se reportó la desaparición. El próximo paso acordado fue una revisión de la carpeta de investigación y la coordinación de un plan de búsqueda, que, según los afectados, ya debería haberse implementado hace un año.
