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México pidió a Ecuador un salvoconducto para que el detenido exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas pueda ser enviado a un tercer país debido a que se encuentra en «crítico estado de salud», informó este lunes (05.08.2024) la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) (Cancillería) mexicana.
Se trata de la primera solicitud formal para que Quito entregue a Glas, cuyo caso derivó en la ruptura de relaciones el pasado 5 de abril luego de que fuerzas de seguridad ecuatorianas asaltaran la Embajada de México para capturar al exvicepresidente acusado de corrupción.
Además, México solicitó también que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Glas «sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta».
En un comunicado, la SRE informó que, con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, «el Gobierno de México ha solicitado formalmente al Gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge David Glas Espinel, asilado político mexicano, en términos de los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), tratado internacional vinculante para México y Ecuador».
Lo anterior, «a fin de que el señor Glas Espinel, a petición de la parte interesada, sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas».
La Cancillería mexicana recordó que México otorgó asilo político a Glas Espinel el 4 de abril de 2024, lo cual fue anunciado públicamente el día siguiente mediante un comunicado de prensa de la SRE, y transmitido oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador mediante nota diplomática el 6 de abril de 2024.
«La procedencia y necesidad de otorgar la protección internacional del Estado mexicano al señor Glas Espinel fue resultado de una evaluación exhaustiva de la información recibida por su parte y por parte del Gobierno de Ecuador desde diciembre de 2023», apuntó la SRE
Y dijo que esto se basó en los fundamentos del asilo político y en la verificación del cumplimiento de sus requisitos en el caso en cuestión, de conformidad con los artículos I, IV y IX de la Convención de Caracas.
México y Ecuador rompieron relaciones
Asimismo, dijo la SRE, «la decisión se apoya en la observancia del principio pro persona, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y parte de la histórica tradición humanista de México de protección a personas perseguidas por razones políticas».
La SRE finalizó la comunicación señalando que «México continuará honrando su compromiso indeclinable de asegurar el respeto y protección de los derechos de las personas a las que ha estimado necesario asilar y proteger, como es el caso del señor Glas Espinel».
Una acusación promovida por el correísmo contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, plantea un presunto incumplimiento de funciones de la canciller por la irrupción policial del pasado 5 de abril a la Embajada de México en Quito, para detener a Glas, exvicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que se había refugiado en ese lugar a la espera del asilo del Gobierno mexicano y sobre el que había una orden judicial de detención.
Ese episodio derivó en una crisis diplomática entre los dos países, que mantienen rotas sus relaciones y que también encaran un proceso por este mismo caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con acusaciones mutuas de contravenir el derecho internacional y tratados sobre relaciones diplomáticas.
Durante su comparecencia ante la comisión de Fiscalización la pasada semana para defenderse de las acusaciones, Sommerfeld aseguró que este juicio político no es contra ella sino contra el país, por considerar que el proceso podría ofrecer argumentos a México en el caso que se sigue en la Corte Internacional.
Tras la detención, el exvicepresidente de Correa fue confinado en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, por tener pendiente de purgar una pena de ocho años por dos condenas en casos de corrupción, aunque el correísmo considera que eso es parte de una persecución judicial (‘lawfare’) contra esta fuerza política.
