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La cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, pidió este miércoles (31.07.2024) a la máxima corte de justicia procesar penalmente al presidente Bernardo Arévalo, al argumentar que no ha cumplido la orden de evitar acciones para removerla del cargo.
Porras señaló que presentó ante la Corte de Constitucionalidad la petición de «debida ejecutoria» de un amparo otorgado en mayo en el que se exige a Arévalo y otros funcionarios que se «abstengan» de «todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atenten contra el mandato para el cual fue electa» la fiscal hasta 2026.
«El presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones querer tomar el control del Ministerio Público», aseguró Porras en tono enérgico en un video publicado en la red X.
La funcionaria agregó que pese a las advertencias de la Corte «siguen actuando en contra de la independencia y autonomía» de la fiscalía.
Por tal motivo, la fiscal pidió «el inmediato encausamiento [de Arévalo], librándose para el efecto la certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal correspondiente».
La cuestionada fiscal señaló que «al no cumplir» con lo ordenado «deben quedar separados» inmediatamente también el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el secretario de Comunicación, Santiago Palomo.
Arévalo, en el poder desde enero, ha pedido públicamente la renuncia a Porras al considerar que sus acciones vulneran la democracia en el país. También presentó en mayo, días antes del amparo, una iniciativa de ley para obtener la facultad de remover a la fiscal, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso.
Gobierno de Guatemala: es «una fiscal débil y desesperada»
Desde 2022, la fiscalía mantiene una persecución penal contra decenas de exfuncionarios de la justicia que investigaron casos de corrupción, periodistas, activistas y críticos del gobierno anterior del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
Porras también es señalada de intentar evitar la asunción presidencial de Arévalo con polémicas investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones de 2023 en las que triunfó el político socialdemócrata.
Estados Unidos y la Unión Europea consideran a la fiscal «corrupta» y «antidemocrática».
El gobierno guatemalteco, en un mensaje enviado a la prensa tras el video de Porras, la calificó de «una fiscal débil y desesperada» que «se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública» y a la ciudadanía.
