Pie de Página
JUCHITÁN, OAXACA.- Agricultores zapotacas del Istmo de Tehuantepec, enojados por los daños causados al paisaje y las escasas consultas relacionadas con un enorme proyecto de energía eólica, consiguieron una oportunidad en un tribunal en Francia, donde los jueces han permitido que el caso proceda.
Las comunidades y sus simpatizantes europeos lanzaron una acción legal contra el gigante francés de la energía EDF, alegando que la empresa no había evitado la violencia y la intimidación de los residentes que se oponían a los parques eólicos en sus tierras ancestrales.
Después de más de tres años de disputas legales, los jueces del Tribunal de Apelaciones de París autorizaron que el caso civil avanzara en un fallo emitido el 18 de junio, según una declaración de los abogados de los demandantes.
“Esta decisión histórica envía un mensaje claro a las corporaciones transnacionales”, dijo Guillermo Torres, abogado de la organización no gubernamental ProDESC, que ayudó a iniciar la acción judicial. “Sus actividades pueden estar supeditadas a la revisión judicial siempre que incumplan la ley”, enfatizó.
El tribunal no le ordenó a EDF que suspendiera el proyecto, conocido como parque eólico Gunaa Sicarú, hasta que el fondo de la cuestión se examinara en una fecha posterior, expresaron los abogados. La decisión judicial del 18 de junio revocó una medida adoptada en 2021 por los abogados de EDF que paralizaba el litigio por motivos procesales. El caso contra EDF se inició en octubre de 2020.
El litigio en París gira en torno a daños previos asociados con Gunaa Sicarú, explicó el abogado Torres. Aún no se ha fijado la fecha para la próxima audiencia en el tribunal.
El caso pone de relieve cómo algunos activistas de los derechos indígenas están recurriendo a los tribunales de los países de origen de los grandes inversores, para obtener reparación por presuntas transgresiones de los derechos sobre la tierra y el medioambiente. También muestra cómo los megaproyectos asociados a la mitigación del cambio climático pueden producir conflictos locales similares a los desencadenados por los combustibles fósiles si no se establecen las salvaguardas adecuadas.
“Si esta transición energética sólo se enfoca desde el punto de vista económico y no desde la repercusión del cambio climático en los derechos humanos, entonces estos proyectos están destinados a seguir perpetuando esos abusos”, le dijo Torres a Mongabay. “Las comunidades no se oponen a la transición energética, pero eso no significa que estos proyectos tengan rienda suelta”.
La ley francesa sobre el deber de vigilancia a prueba
Los partidarios locales de las inversiones eólicas afirman que estas son fundamentales para abordar el cambio climático, en tanto que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y permitirán que la economía mexicana dependiente del petróleo se aparte de los combustibles fósiles. Actualmente, gran parte de la creciente demanda de electricidad de México se satisface con gas natural importado.
También señalan la creación de empleo local, ingresos para los terratenientes que alquilan propiedades a las empresas para sus turbinas y más ingresos fiscales para redistribuir entre las escuelas, las carreteras y las infraestructuras públicas de la región, tradicionalmente pobres.
El caso contra EDF sobre sus proyectos eólicos en México se presentó en virtud de la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones, una legislación reciente diseñada para responsabilizar a las empresas francesas por abusos en el extranjero.
La comunidad indígena de la región Unión Hidalgo de México, un foco para proyectos eólicos en el estado de Oaxaca, constituye la primera en invocar sus derechos territoriales colectivos en virtud de la ley francesa de la cadena de suministro, según el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos.
Enigmas sobre las consultas
Pedro Matus, residente de Unión Hidalgo desde hace décadas, se dedica a la cría de ganado. Ahora su casa de una sola planta está rodeada de aerogeneradores, a los que culpa de destruir el paisaje, matar aves migratorias y dividir a la comunidad, lo que ha provocado amenazas y acoso contra él y otros opositores a los parques eólicos.
El agricultor indígena zapoteco dijo que EDF había querido construir su proyecto en una extensión de tierra comunal de más de cuatro mil hectáreas, donde él y otros residentes cultivaban y criaban a sus animales.
“Estos proyectos nos están trayendo problemas sociales. Ellos (las empresas eólicas) creen que somos los enemigos”.
Pedro Matus, residente de Unión Hidalgo
Cuando EDF propuso inicialmente la construcción del proyecto, organizó asambleas para debatir el desarrollo con los residentes, una práctica frecuente en México, y algo de lo que la empresa se jacta en su plan de vigilancia para obtener el consentimiento de los residentes y mitigar riesgos como la violencia.
Los problemas con las consultas comenzaron en torno a 2009, cuando EDF instaló su primera turbina, dijo Matus.
A las reuniones asistían habitualmente cientos de personas. Matus contó que, en las reuniones, los terratenientes que habían recibido pagos de EDF para instalar los aerogeneradores en sus tierras los acosaban y amenazaban a él y a otros opositores.
Es una tendencia que Lourdes Alonso, profesora de la Universidad del Mar en Oaxaca, quien estudia los conflictos sobre energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, ha encontrado con frecuencia en el estado.
“Ha habido mucho acoso hacia activistas y movimientos sociales. La división de las comunidades es algo que la gente menciona mucho. Un sector de la población aceptó la inversión porque les permitiría alquilar sus tierras y otros sectores se opusieron porque implicaría un impacto ambiental y cultural”.
Lourdes Alonso, profesora de la Universidad del Mar en Oaxaca
Alonso explicó que, en la actualidad, el istmo alberga unos 1000 aerogeneradores de varias empresas, en su mayoría europeas, lo que lo convierte en una de las mayores zonas de desarrollo de energía eólica de América Latina, que representa cientos de millones de dólares en inversiones.
Exfuncionario de EDF culpa a los activistas de los conflictos
Juan Tamayo se desempeñó como alto funcionario de EDF en Oaxaca durante más de dos décadas, antes de su jubilación a principios de 2024. Si bien él ya no habla oficialmente en nombre de la empresa, rechazó las críticas de Alonso y Matus.
Manifestó que la mayoría de las comunidades que rodean la zona del proyecto apoyaban las inversiones de EDF, que más de 1000 personas asistían a algunas de sus asambleas para debatir sobre los parques eólicos y que muchas de ellas recibieron dinero por arrendar sus terrenos.
Dijo que, una vez que la empresa empezó a hacer los pagos y a prepararse para la construcción, un grupo externo de la sociedad civil “llegó y empezó a hacer sus propias asambleas con 40-50 personas”.
“Afirmaban que representaban a toda la comunidad, pero no es una cantidad legítima”, expresó Tamayo.
Eso llevó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, el operador de la red nacional, a cancelar su contrato de suministro de energía con EDF para comprar electricidad de Gunaa Sicarú en 2022, lo que significó que un proyecto multimillonario no tuviera dónde vender su energía.
Otros analistas, sin embargo, dicen que la táctica de CFE se basó en una decisión de un tribunal federal en Oaxaca de 2021, cuando las autoridades judiciales suspendieron el proyecto de EDF, haciendo referencia a transgresiones de los derechos indígenas y problemas con las consultas de la empresa.
Un guardia armado en las oficinas locales de EDF en el distrito de Juchitán remitió las solicitudes de entrevista de Mongabay a su oficina de Ciudad de México. Un portavoz de la oficina internacional de la empresa dijo: “En este momento, EDF Renewables no tiene ningún comentario sobre la situación”.
“La energía carece de visión social”
En las oficinas del Foro Ecológico, una organización medioambiental muy arraigada en Juchitán, el representante legal del grupo, Gonzalo Bustillo, comentó que ha observado que aves migratorias que solían llegar al istmo han cambiado su recorrido desde la instalación de los aerogeneradores.
“Esta energía carece de visión social; es una visión para las grandes empresas”, dijo Bustillo, sentado, rodeado de arte popular y fumando un cigarrillo sin filtro mientras otros integrantes del personal barajaban papeles y contestaban al teléfono.
Asimismo agregó que las plataformas de hormigón instaladas por las empresas han afectado grandes franjas de terreno agrícola y han dejado tras de sí áreas donde “no crece nada”.
En las calles de Unión Hidalgo, pocas personas han oído sobre el litigio francés, pero la mayoría tiene opiniones firmes sobre los proyectos eólicos.
“Sé que aportan beneficios, pero también dividen a las comunidades”, afirma la camarera Nisalda López Valdivieso.
Algunas familias han visto pequeñas reducciones en sus facturas de luz como resultado de los proyectos, y otras se benefician con el alquiler de su propiedad, dice. Sin embargo, agrega que le preocupa que los agricultores y ganaderos hayan dejado las tierras debido a las inversiones, lo que, como consecuencia, afecta la producción local de alimentos.
“Creo que es bueno contar con inversiones extranjeras”, expresa López Valdivieso. “Sin embargo, es un poco agridulce y confuso, porque, por un lado, ayudan, pero por el otro, producen un daño”.
Probablemente pasen meses, sino años, hasta que el caso de EDF en Francia obtenga un veredicto final. Las personas activistas afirman que es probable que los litigios en torno a los derechos sobre la tierra y las divisiones comunitarias se intensifiquen más allá de México a medida que se acelere la transición hacia una energía limpia junto con el calentamiento del clima mundial.
“Tenemos que entender la energía como un asunto social para intentar crear una transición energética más justa”, dijo Alonso, la profesora universitaria. “Considero que, técnicamente, es posible generar dicha transición, pero si genera zonas de sacrificio, entonces no es la transición que queremos”.
