DW
La cifra de «víctimas de violaciones de derechos humanos» en el contexto del régimen de excepción en El Salvador -vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas en una llamada «guerra» contra las maras- superó las 6.400 hasta finales de junio de 2024, según un reporte de siete organizaciones humanitarias difundido este jueves (25.07.2024).
«Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, las organizaciones defensoras de derechos recibieron denuncias por 6,426 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador», apuntaron en un comunicado.
Las ONG detallaron que «la mayoría de las personas vulneradas son jóvenes entre los 19 y 30 años, representando el 52,2 %» del total de personas denunciantes. A esto se suman «tres casos alarmantes correspondientes a niños entre cero y 12 años».
Precisaron que la mayor parte de estas personas -que pudieron sufrir más de una vulneración- denunciaron detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso (6.054), allanamiento de morada (1.823), tratos crueles o inhumanos (876), amenazas (584), desaparición forzada (356) u hostigamiento (305).
«También detallaron otros casos graves como acoso sexual (17), abuso sexual (7) y hasta cuatro víctimas de violación. Así como 25 casos de discriminación por orientación e identidad sexual», acotaron las organizaciones.
Solo estos entes han registrado 265 personas fallecidas bajo custodia estatal, de las que cuatro corresponden a niños y niñas, dos «en etapa de gestación y dos recién nacidos».
En el 75 % de los casos de denuncias por violaciones a derechos humanos se identificaron como autores a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), le siguen denuncias conjuntas contra la PNC y la Fuerza Armada (15 %). Por ello, las organizaciones llamaron al Estado a que «responda a estas denuncias, brindando justicia y reparación a las familias de las personas fallecidas y a quienes fueron encarcelados injustamente».
Los datos corresponden a las denuncias recibidas por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Asociación Azul Originario (AZO), Cristosal, Amate y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
