El votar a favor de un candidato y/o partido a cambio de recibir dinero es la denuncia más común que se levantó durante el pasado proceso electoral, seguida de otras, como mandar terceros a efectuar proselitismo y difusión de datos no verídicos.
Estos ilícitos forman parte de un paquete de poco más de 500 querellas, de las que solo poco más de 70 han sido resueltas, informó Ernesto López Hernández, fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL).
Tras aclarar que otro de los ilícitos que sumó denuncias es el relacionado a pedir el voto a cambio de otorgar despensas, el funcionario subrayó que todos los expedientes serán investigados y los responsables castigados.
Al respecto, dio a conocer que quienes sean declarados culpables podrían recibir castigos económicos de hasta cinco mil días de Salario Mínimo y en los casos más severos, de seis meses hasta 11 años de cárcel.
Aseguró que todas las pesquisas se realizarán conforme a la ley, es decir, efectuando los peritajes respectivos, reuniendo los testimoniales necesarios y llevando a cabo investigaciones minuciosas.
Interrogado respecto a qué tipo de castigo recibiría algún funcionario público que sea hallado culpable, Hernández detalló que podría sancionársele con la inhabilitación del cargo o perdiendo sus derechos político-electorales.
