La Jornada. Las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que litigan junto con la industria contra la acción colectiva que busca evitar la siembra de maíz transgénico en el país, deberán definir de qué lado van a estar en el próximo gobierno: si aceptan la demanda para proteger la semilla criolla o si mantendrán su apoyo a las empresas de organismos modificados, explicó el abogado René Sánchez Galindo.
Ante la acción colectiva que se presentó hace cinco años, la Sagarpa, la Semarnat y la industria han interpuesto juicios de amparo y más de 100 impugnaciones.
Actualmente, las dependencias federales avalan el hecho de que Monsanto y otras empresas presenten reportes científicos parciales, ya que no quieren que los tribunales que llevan la demanda abran la documentación y el gobierno está de acuerdo en que siga el juicio con esta información mutilada
, agregó el abogado.
Se esperaría un cambio de actitud porque el gobierno actual lo que hace es proteger a las empresas, de modo que la colectividad que presentó la acción no pueda disponer de las investigaciones científicas, mientras la industria proporcionó información incompleta y no quiere que los tribunales la hagan pública. El gobierno se ha puesto del lado de la industria, señaló.
Medidas precautorias
Recordó que cuando se presentó la acción colectiva, en 2013, un juzgado estableció una medida precautoria, con la cual se suspendió la entrega de cualquier tipo de permiso para el cultivo de maíz transgénico, ya fuera experimental o comercial. Ante ello, el gobierno y las empresas se ampararon.
Las empresas trasnacionales demandadas (incluidas Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México, conocida mundialmente como Dupont) y la Sagarpa han recurrido a 15 juicios de amparo para que se permita la siembra de transgénicos y que los tribunales las protejan contra la medida precautoria que evita su cultivo. La colectividad ha ganado 11 de esos 15 juicios de amparo y están por resolverse otros cuatro, mientras se mantiene la suspensión de los cultivos.
La colectividad del maíz –formada por organizaciones y científicos– ganó cuatro amparos presentados por el gobierno, así como revisiones, apelaciones y quejas. Recientemente, las autoridades interpusieron seis promociones judiciales enfocadas a que las investigaciones queden mu-tiladas; es decir, que ante el requerimiento de información científica a las empresas, éstas las entregan incompletas.
Otros cuatro procedimientos interpuestos han tenido la finalidad de evitar la presentación de evidencias, a pesar de que hay 129 casos que reportan la siembra ilícita de maíz transgénico en cultivos tradicionales tan sólo desde 2016.
En el informe, que la colectividad del maíz hizo público tras cinco años de interpuesta la demanda, se advirtió que las dos secretarías, entre mayo de 2016 y junio de 2018, han rendido informes mensuales al juzgado, algunos extemporáneos, en los que reportan que no han otorgado ni tramitado ningún tipo de permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz.
El litigio se ha llevado en al menos 19 tribunales federales.
