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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador habría rechazado de manera «sistemática» y «masiva» más de 6.000 habeas corpus en los que las familias pedían la libertad de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, vigente desde 2022 y que suspende garantías constitucionales, según trascendió este jueves (27.06.2024).
Así lo señala un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) dado a conocer este jueves y que indica que, con el régimen de excepción, la cifra de habeas corpus «aumentó exponencialmente».
La investigación denominada Desprotección Judicial da cuenta de que la Sala de lo Constitucional recibió 6.415 demandas de habeas corpus entre 2022 y 2023, de las que sólo 108 fueron admitidas a trámite (1,6 %), mientras que las restantes fueron consideradas inadmisibles o improcedentes.
«El rechazo sistemático y masivo de la Sala de lo Constitucional a demandas de habeas corpus de personas detenidas genera preocupaciones sobre la efectividad del acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales bajo condiciones extraordinarias», dijo la DPLF en un comunicado.
La fuente afirmó que se detectó que «en casos de máxima gravedad, como desapariciones forzadas, mujeres en estado de gestación o madres de niños lactantes, en lugar de brindar una protección urgente, la Sala respondió solicitando a los demandantes una cantidad innecesaria e irrazonable de aclaraciones».
La directora del programa de Independencia Judicial de DPLF, Úrsula Indacochea, advirtió que la evidencia recolectada indica que el derecho a presentar habeas corpus «podría estar suspendido de facto». También, sostuvo en el comunicado que «el acceso a este recurso se ha endurecido al punto de hacerlo casi inaccesible, especialmente para quienes están en una situación más vulnerable».
El Salvador se encuentra bajo este régimen de excepción desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidas a las pandillas y que investigaciones periodísticas del medio local El Faro apuntan a que se dio tras la ruptura de un acuerdo entre las maras y el Gobierno de Nayib Bukele.
Las autoridades señalan que se han registrado más de 80.000 detenciones, de las que unas 7.000 personas habrían salido con libertad condicional. Las organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos -como detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas- además de 303 muertes de personas en custodia del Estado.
El régimen de excepción es la medida más popular del Gobierno de Bukele, que le valió la reelección para un segundo mandato consecutivo, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.
