Misael Zavala y Alberto Morales/El Universal
Cumplidos cinco años de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno de México calificó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.
El gobierno federal refirió que existe una recompensa de un millón 500 mil pesos por cada uno de los estudiantes a quien proporcione información fidedigna de su paradero, el cual se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014.
Asimismo, se otorgarán 10 millones de pesos a quien informe sobre Alejandro Tenescalco Mejía, expolicía considerado pieza clave en el caso y acusado de delincuencia organizada, homicidio y secuestro.
También se reconoció que la investigación del gobierno no ha tenido resultados positivos, por lo que en el replanteamiento de la indagatoria, la Fiscalía General de la República (FGR) citará a rendir sus declaraciones ministeriales a exservidores públicos que estaban en funciones durante los hechos, incluso —si es necesario— al expresidente Enrique Peña Nieto.
Ayer, portando playeras alusivas a los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, ofrecieron un informe del caso en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
López Obrador confió en que dará buenas noticias a los familiares de los 43 y que su gobierno llegará a la verdad del paradero de los estudiantes: “No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad”.
El Presidente reiteró el llamado a quienes tienen datos a que ayuden a la investigación.
Garantizó que quien informe tendrá la protección del Estado y hasta ayuda, en caso de ser culpables.
“Nuestro compromiso es proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia, digo: olvido no, perdón sí”, expresó.
El fiscal especial que tomó el caso el 28 de junio de este año adelantó que la siguiente semana comenzarán a citar a exfuncionarios municipales, estatales y federales que estuvieron relacionados de alguna manera en la indagatoria.
Entre ellos, al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se ha mostrado abierto a declarar.
Gómez Trejo fue cuestionado sobre si se pedirá la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto, a lo que contestó que nadie “está por encima de la ley, y si es necesario (…), sea [quien sea] cualquier persona será llamada ante la justicia.
La fiscalía citará al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; a Iñaki Blanco, exprocurador local, y a Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero. El fiscal especial aseveró que la FGR no encubrirá aquellas complicidades que se dieron en el caso.
Además, se indagan los actos de maltrato y tortura, y se están retomando las líneas de investigación de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al rendir su informe de actividades y avances, Alejadro Encinas aceptó que la búsqueda de los normalistas no ha rendido resultados, calificó como desaparición forzada cometida por agentes del Estado el caso de los 43 y rechazó dar una fecha para resolver el caso.
Esto, a pesar de que se han realizado ocho operativos a lo largo de 48 días en cinco municipios: Cocula, Iguala, Huitzuco, Eduardo Neri y Tepecoacuilco; dos están en proceso, se han revisado 210 puntos de búsqueda y existen cuatro diligencias judiciales en proceso.
“Hemos revisado junto con la Fiscalía General y el equipo de antropología argentina forense 180 puntos específicos en distintas regiones (…) Se hizo [un cateo] en una colonia de Iguala, la Juan N. Álvarez; hubo un operativo importante en Mezcala [municipio de Eduardo Neri] y en el ejido de Carrizalillo; el de Huitzuco, que está en proceso, y el operativo que estamos llevando a cabo en el basurero de Tepecoacuilco.
“Debo señalar que se han revisado más de 120 puntos de búsqueda y en ninguno de ellos hemos encontrado algún [indicio] positivo”, explicó.
También se revisaron cerca de 80 millones de registros de llamadas.
Reveló que en estos meses de investigación pueden llegar a la certeza de cómo se realizó el operativo de los grupos delictivos, y que en ningún momento hubo contacto entre estudiantes y delincuentes. “La única verdad es que no hay verdad alguna”, dijo Encinas.
Críticas. En otro tema, el Mandarario criticó a la oposición en el Congreso por negarse a debatir su iniciativa de revocación de mandato: “No sé a qué le tienen miedo los de la oposición”.
