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Miles protestaron con manifestaciones y asambleas frente a sus lugares de trabajo este miércoles (03.04.2024) en varios puntos de Argentina, tras denunciar una ola de despidos que afecta a 15.000 personas contratadas por el Ejecutivo, según admitió el Gobierno en el marco de medidas de ajuste.
La mayoría de los despidos fue notificada durante la Semana Santa que en Argentina sumó como feriados el 1 y 2 de abril, consignó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un plenario urgente para definir acciones.
«El número final de contratos que no se han renovado ronda los 15.000, como parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado», aceptó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa. Las cesantías afectaron a personas con contratos que eran renovados periódicamente y que no fueron actualizados tras los vencimientos de marzo.
El presidente Javier Milei había anunciado previamente que planeaba reducir la plantilla de la administración pública nacional en 70.000 puestos de trabajo sobre un total de algo más de 332.000 de acuerdo con el último reporte del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) de febrero de 2024.
Las personas despedidas intentaron entrar a sus lugares de trabajo donde se había montado un fuerte operativo policial para impedirles el ingreso. «No nos queda otra que resistir organizados y sostener esta lucha porque sabemos que esto es arbitrario», dijo en la improvisada asamblea Érica Almeida, delegada de ATE, en la entrada del Instituto Nacional contra la Discriminación.
Entre carteles y cánticos, algunas personas forcejearon con la Policía a las puertas del Ministerio de Trabajo. «Javier Milei se está equivocando, no está echando a ‘ñoquis’ (como popularmente se le dice a quienes no cumplen con su labor) sino a trabajadores que venimos todos los días y vivimos de nuestro sueldo», declaró a la agencia AFP Matías Reynoso, de 35 años.
Milei había dicho que el «plan era alcanzar el déficit cero en 2024» y que estaba «convencido de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual tiene mucho de motosierra y mucho de licuadora». El presidente utiliza estos dos términos para referirse a los recortes de presupuesto por un lado y a la licuación del gasto por el otro por efecto de la elevada inflación, en el marco de un desplome del poder adquisitivo y del consumo.
