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Al menos 241 personas -entre estas dos bebés- han muerto en las cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de seguridad del Estado y en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, dijo este miércoles (03.04.2024) Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Escobar -quien lidera la organización que apoya a familiares de personas detenidas con asistencia legal gratis- detalló a la agencia EFE que 239 personas fallecidas eran adultas y dos infantes.
La activista señaló al Estado salvadoreño como «responsable de estos crímenes de lesa humanidad» y aseguró que «ya se ha demandado, ante instancias nacionales de justicia, al Estado por estos crímenes». Escobar agregó que, del total de dichos casos, 10 serán «elevados a entidades de justicia internacional», como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de parientes de las víctimas si las instancias nacionales «no atienden al llamado de justicia de las familias».
SJH informó que, entre el 25 de julio de 2022 y el 27 de marzo de 2024, ha brindado más de 7.000 asesorías legales a familias de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria. Además, ha presentado 1.850 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de los que 76 fueron notificados como admitidos y, de estos, 61 fueron declarados improcedentes por «asuntos de mera legalidad».
Front Line Defenders expresa preocupación por «uso indebido de ley» contra activistas
Por otra parte, la organización internacional Front Line Defenders expresó este miércoles su preocupación por, lo que considera, un «uso indebido de la ley penal» contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas, señalados de asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil de El Salvador.
Los defensores, que son parte de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) y que guardan prisión provisional desde agosto del 2023, enfrentaron este miércoles la audiencia preliminar del proceso penal en su contra por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Front Line Defenders, que tiene su sede principal en Dublín (Irlanda), afirmó en un comunicado que considera que este caso «constituye una forma de represalia a su labor de defensa del medioambiente y territorio comunitario, intentando así restringir su trabajo, especialmente con relación a su oposición a la minería». La organización llamó a la Justicia salvadoreña a que los cargos en contra de los activistas sean retirados.
En tanto, un grupo de habitantes se concentraron este miércoles en la sede en San Salvador del Centro Judicial, portando pancartas con mensajes de apoyo, para pedir la libertad de los ambientalistas. Alfredo Leiva, miembro de ADES, declaró a periodistas que en la última semana de junio de 2023 se realizaron diligencias de exhumación en el lugar donde supuestamente se cometió el hecho y «no fue encontrado el cadáver o restos de la supuesta víctima». Añadió que «sin cuerpo de delito y sin ningún elemento probatorio, este caso no puede pasar a vista pública (juicio) y debe ser cerrado».
Al Centro Judicial también llegaron representantes de la Embajada de la Unión Europea (UE) en El Salvador y estuvieron presentes en la sala de la audiencia preliminar, según constató EFE.
