Gina Gerardina Campuzano González, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer una iniciativa para que los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), posean una sólida formación académica y una amplia experiencia práctica en el campo del derecho.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que en México, la Suprema Corte, como pilar del sistema judicial mexicano, desempeña un papel crucial en la interpretación y aplicación de la Carta Magna.
«Su función no solo se circunscribe a la defensa de la Constitución, sino también a la consolidación de un Estado de Derecho efectivo y justo. Por tanto, los criterios para seleccionar a sus integrantes deben estar en consonancia con la trascendencia y complejidad de su papel», destacó.
Recordó que el artículo 95 de la Constitución establece los requisitos fundamentales para ser ministro de la SCJN. Estos criterios deben reflejar un compromiso con la justicia constitucional, y una visión que permita evaluar el impacto a largo plazo de sus decisiones.
Este análisis se torna aún más relevante considerando el papel de la SCJN como último árbitro en interpretaciones constitucionales.
Señaló que las reformas pasadas, particularmente en 1934 y 1994, han modificado aspectos como la antigüedad requerida para el título profesional y los rangos de edad. Sin embargo, el requisito actual de una licenciatura en derecho, aunque fundamental, no aborda la necesidad de especialización y profundización académica acorde con los tiempos modernos.
Por ello, la representante popular propuso que los aspirantes a la SCJN no sólo posean un título en derecho, sino también una formación avanzada y experiencia práctica que respalde su capacidad para interpretar y aplicar la ley de manera justa y competente.
Además, es fundamental abordar la independencia política de los candidatos. La actual restricción de un año para ejercer cargos políticos antes del nombramiento resulta insuficiente para garantizar la imparcialidad necesaria.
«Por esto, se sugiere extender este período a cinco años, asegurando así una mayor independencia de los futuros ministros respecto a los partidos políticos y los intereses gubernamentales. Esta medida es esencial para preservar la confianza pública en la objetividad y autonomía de la Corte», consideró.
