La Jornada
Ciudad de México. Con una serie de condiciones, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) autorizó al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) la adquisición de 13 plantas a la empresa española Iberdrola y dio un plazo de seis meses para concluir la operación, lo que incrementará en alrededor de 3 mil 60 millones de dólares la deuda pública presupuestal este año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con el aval del regulador, “el Estado recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional, sin afectaciones a la competencia y en beneficio de los consumidores”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.
El pleno de la Cofece condicionó la compra a que se las plantas operen de manera independiente en el mercado, y se evite el intercambio de información sensible o estratégica entre competidores. “El cumplimiento de estas condiciones garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada”, enfatizó el regulador.
Destacó que las medidas sobre la inversión del Fonadin en la operación, de la que también participa Mexico Infrastructure Partners, tendrán una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas.
Hacienda enfatizó que la compra a Iberdrola, que se deberá concretar a más tardar en agosto, “no implica aumentar la deuda pública presupuestal más allá del costo de adquisición de 51 por ciento de la misma (3 mil 6o millones de dólares o poco más de 52 mil millones de pesos) y, en esa medida, no presiona las finanzas públicas”.
Al margen del revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma eléctrica de 2021, que pone al centro la recuperación de mercado para la Comisión Federal de Electricidad; con la adquisición de las plantas a Iberdrola, el Estado mexicano garantiza la capacidad de proveer el 54 por ciento en la generación eléctrica del país.
Como parte de la adquisición, más de 80 por ciento de la capacidad de producción involucra a 10 plantas de generación que cuentan con contratos de compraventa de energía eléctrica, bajo la modalidad Productor Independiente de Energía (PIE). Esta energía, a su vez, está contratada a largo plazo por CFE Generación V –que es la que administra la energía producir por los PIE–con CFE Suministro Básico.
En abril del año pasado, luego de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a la empresa española que empleó a Felipe Calderón, luego de que éste ocupara la presidencia entre 2006 y 2012, el gobierno mexicano e Iberdrola negociaron la compra de de 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica, con capacidad de 8 mil 500 MW.
Se firmó la compra-venta para adquirir las 13 plantas a la firma española por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares. En la más reciente conferencia de prensa de Hacienda, el subsecretario Gabriel Yorio expuso que el proceso seguía, sólo se esperaba la resolución de la Cofece.
Para garantizar que las plantas operen de manera independiente en el mercado Fonadin deberá reducir y mantener su inversión en un máximo de 51%, lo cual debe concretarse en un plazo de 24 meses; se debe designar a un administrador profesional independiente, que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado, expuso la Cofece.
También se deben establecer controles y mecanismos para que las decisiones relativas a la administración de las plantas de generación eléctrica únicamente puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes; así como controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés.
Con la finalidad de obligar a los compradores a que eviten intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, la Cofece pidió designar a un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación y que los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor; sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años.
De acuerdo con lo reportado por Hacienda, la autorización del regulador fue positiva el 14 de febrero y con ello se establecen “compromisos para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión, para asegurar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia”
La operación cuenta con el Fonadin como vehículo financiero y el apoyo de la banca de desarrollo y la banca comercial, al financiar 60 por ciento de la adquisición. “Se buscará asimismo la participación en la inversión de las Afores, fondos de pensiones, y otros inversionistas institucionales, en beneficio de los trabajadores de México”, acotó Hacienda.
