Milenio
Las diputadas locales Adelaida Muñoz Jumilla, Tania Valdez Cuellar y los legisladores José Antonio Hernández Vera y Jesús Osiris Leines Medécigo, presentaron dos iniciativas de reforma ante la Diputación Permanente del Congreso de Hidalgo, la primera al Código Penal para tipificar el delito de explotación financiera y se castigue hasta con seis años de cárcel a quienes abusen del cobro de las pensiones o jubilaciones de los adultos mayores.
La iniciativa plantea que comete el delito de explotación financiera, al que, sin consentimiento expreso de las personas adultas mayores, por cualquier acto u omisión, controle, manipule, sustraiga, transfiera o retire los ingresos de las personas adultas mayores por concepto de salarios, pensiones o jubilaciones que les son depositados en sus instrumentos financieros; se le impondrá una pena de prisión de cuatro a seis años y multa de 150 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Muñoz Jumilla mencionó que de acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal se tienen denuncias por abusos directos de familiares de las personas adultas mayores a quienes les quitan sus tarjetas para retirar el dinero de su pensión universal.
“Debemos prevenir el abuso contra ellos, que ninguno se quede sin su pensión, que ningún familiar o personas de su confianza los dejen sin ella aprovechándose de su situación”, enfatizó la diputada.
La segunda reforma de las diputadas y diputados es a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que se les de un trato digno, respetuoso y sensible en la inscripción, tramitación y gestión de los programas de asistencia social a que tienen derecho conforme a la ley y demás beneficios derivados éstos.
De igual modo, que la familia vele por el buen uso de los ingresos, pensiones o jubilaciones de las personas adultas mayores, cuando estén imposibilitados para manejar sus finanzas de manera personal.
En caso de presentarse violencia patrimonial o económica por parte de sus familiares, el cuidador o persona de confianza se deberá denunciar ante las autoridades correspondientes.
También se plantea que le corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado habilitar una línea de atención para las personas adultas mayores, sus familiares o cuidadores, que facilite las denuncias en caso de que éstas sufran cualquier forma de explotación financiera o se abuse de su situación personal para afectar los recursos que reciben de los programas de asistencia social.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y resolutivo correspondiente.
