Dpa/Washington. La administración de Donald Trump ha reunido hasta hoy a 57 de los 103 niños de hasta cinco años que habían sido separados de sus padres en la frontera de México tras ser detenidos estos por entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Los 46 niños restantes no han sido devueltos a sus padres porque los tribunales o las autoridades determinaron que ello entrañaría un riesgo para los menores, principalmente por los antecedentes criminales de los progenitores o por problemas logísticos, entre ellos el hecho de que varios han sido ya deportados, según el Gobierno.
«Las reunificaciones iniciales fueron completadas. A través de todo el proceso de reunificación, nuestro objetivo ha sido el bienestar de los niños y su devolución a un entorno seguro», señalaron en un comunicado conjunto el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general, Jeff Sessions.
La administración de Donald Trump comenzó el martes a reunir por orden judicial a los niños menores de cinco años a los que había separado de sus padres. Un juez federal de California le había dado de plazo hasta ese día para reunir a todos.
El Gobierno fue incapaz de cumplir el plazo por el tiempo necesario para los procesos de verificación del parentesco y de antecedentes penales.
Para reunir al resto de los 3 mil niños separados de sus familias en la frontera -los mayores de cinco años- tiene de plazo hasta el 26 de julio.
La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La separación se originó cuando el fiscal general dio orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.
La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de 20 días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
Desde el 19 de abril fueron separados unos 3 mil en base a una política que la administración Trump ha bautizado como «tolerancia cero» y que se ha utilizado para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.
Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que ordenó ponerles fin.
No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó el lunes ese permiso.
