DW
Después del 20 de agosto de 2023, tras la elección del presidente Bernardo Arévalo, Guatemala vivió 147 días de zozobra sin saber si el presidente electo lograría asumir el cargo. El abanderado de la lucha contra la corrupción había sido elegido con el voto masivo de los pueblos originarios y los jóvenes, que rodearon el Parlamento para exigir la posesión.
«Todo ha sido una gran trama para dar un golpe de Estado”, dicen a DW las juristas guatemaltecas Alida Vicente y Flordemaría Salazar. «En el siglo XX (los golpes de Estado) eran con tanques, bayonetas y militares y duraban dos o tres días”, dijo Bernardo Arévalo a The New York Times, agregando que «los golpes del siglo XXI son dados con diputados, con abogados, en las cortes. Es más sofisticado, tarda mucho más tiempo, se hace con la pretensión de que se continúa con las instituciones”.
En Guatemala «apenas estamos rescatando el Estado de derecho”, explica a DW Flordemaría Salazar, coodinadora de la oenegé Cristosal en Guatemala. La abogada explica que «durante los últimos 8 años ha habido retrocesos democráticos que han eliminado las garantías constitucionales y procesales para considerarnos un Estado de derecho”.
Consuelo Porras, la Fiscal General de Guatemala
María Consuelo Porras Argueta de Porres, jefa del Ministerio Público (MP), la Fiscalía en Guatemala, ha sido «la cabeza visible de la cruzada en contra de la elección popular de Arévalo, contra el Movimiento Semilla, y en defensa de los corruptos que han cooptado el Estado y la economía en Guatemala”, afirma Alida Vicente, abogada y lideresa del Pueblo Maya Pogoman.
Tras la posesión de Arévalo, el enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Ejecutivo sube de tono. Arévalo ha pedido la renuncia de Porras. Y Porras se niega a abandonar su cargo.
«Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerles saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años, para el cual fui reelecta, y, en consecuencia, no voy a renunciar”, replicó la Fiscal el 24 de enero en X (antes Twitter).
Porras, ocupa el cargo de Fiscal General desde 2018 y fue reelecta en 2022. Su actual mandato expiraría el 15 de mayo de 2026. El mandato entregado a un o una fiscal en Guatemala es de cuatro años.
¿Quién y cómo se elige a la o el Fiscal General?
Una Comisión de Postulación le presenta al presidente seis nombres, de entre los cuales el mandatario elige a una persona.
La Comisión de Postulación es un ente compuesto por la Corte Suprema de Justicia a través de su presidente, el Colegio de Abogados y notarios de Guatemala, y los decanos de todas las facultades de Derecho del país. Hay, empero, acusaciones de que «se crean universidades con facultades ficticias de Derecho, solamente para tener un voto en la Comisión de Postulación”, denuncia Salazar.
Hace seis años, Consuelo Porras fue nombrada por el entonces presidente, Jimmy Morales. «Ella fue aliada de Morales en su plan para sacar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG)”, explica la jurista.
2018, año en el que Naciones Unidas y Guatemala perdieron la batalla
La CICIG había sido enviada por la ONU para «apoyar a las instituciones en la investigación y judicialización de los grupos criminales infiltrados en las instituciones estatales de Guatemala”. Pero, según la coordinadora de Cristosal, «el Ministerio Público bajo Porras emprendió entonces una criminalización de todo denunciante de la corrupción, además de orquestar la desarticulación y salida del país de la CICIG”.
Sobre la reelección de Consuelo Porras, en 2018, por parte del hoy expresidente Alejandro Giammattei, también hay acusaciones, explica la abogada Flordemaria Salazar. Según ella, «en una maniobra insólita, la Corte de Constitucionalidad la impuso en la lista de candidatos”.
Porras y otros 400 funcionarios sancionados por Estados Unidos
Tanto Giammattei como Morales, los presidentes que eligieron a Porras, han estado envueltos en graves casos de corrupción. A ellos, Consuelo Porras misma, y a sus familias, el Departamento de Estado de EE. UU. les ha vetado los visados. A Alejandro Giammattei por «haber aceptado sobornos y acciones que socavaron el Estado de derecho y la transparencia gubernamental”, y a Porras, porque «ha obstruido y menoscabado investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores”.
Casi 400 funcionarios y empresarios guatemaltecos han sido sancionados en los últimos tres años por «minar la democracia y la Justicia en Guatemala”, informó este 17 de enero Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Según Flordemaría Salazar, Consuelo Porras es juzgada por Washington porque en su cargo se ha dedicado a «desbaratar la estructura de jueces imparciales y de carrera, muchos de ellos ahora desterrados. El Ministerio Público de Porras ha perseguido a al menos 86 exfiscales, jueces y también a periodistas, como el reconocido José Rubén Zamora Marroquín, y a decenas de comunicadores obligados al exilio”.
¿Puede el Presidente destituir a la Fiscal General?
«La norma de mas alta jerarquía en Guatemala permite que el presidente de la República destituya a la Fiscal General. Sin embargo, una ley ordinaria impone como requisito que haya una condena penal previa, esto podría ser resuelto con una reforma promovida en el Congreso de la República», explica la abogada Flordemaría Salazar.
Una condena penal implicaría la apertura de una investigación que lleve a un juicio, y que este culmine con una sentencia condenatoria. Por este motivo, «no va tener lugar un juicio en contra de la titular, que mantiene el monopolio de toda acción penal”, asegura Salazar, quien explica que no se trata de «un vacío sino de un enredo legal”. Un «enredo” surgido con una reforma del 2016 que pretendía blindar a la Fiscalía General para que pudiera investigar al organismo Ejecutivo, antes el epicentro de la corrupción. Solo que ahora, «la misma Fiscalía General es el centro de la corrupción en Guatemala”, sentencia.
Para la lideresa Alida Vicente, en Guatemala, «donde 5 de cada 10 niñas y niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, de acuerdo con Unicef, y los padres venden su voto», solo hay una esperanza: «La acción de los jóvenes y los pueblos indígenas que votaron en contra de la corrupción”.
