Hasta febrero se contabilizaban 75 asesinados categorizados como violencia política. De ellos, 51.6% han sido en contra de funcionarios en activo, 19.8% a militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% contra ex funcionarios públicos, y 15.4% en contra de activistas y periodistas
Desde el pasado 7 de septiembre de 2020 en el que inició formalmente el proceso electoral, y hasta el 20 de marzo de 2021, el Indicador de Violencia Política en México (IVP) publicado por Etellekt Consultores, registró un total de 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres
Además, un reporte elaborado por Integralia Consultores muestra que hasta febrero se contabilizaban 75 asesinados categorizados como violencia política. De ellos, 51.6% han sido en contra de funcionarios en activo, 19.8% a militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% contra ex funcionarios públicos, y 15.4% en contra de activistas y periodistas.
El reporte señala que más de la mitad de los hechos de violencia política (como asesinatos y agresiones) se concentran en siete estados: Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz, mientras que en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó un alto riesgo de que las y los candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada.
Destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios con menos de 100 mil habitantes y alejados de los centros urbanos, lo cual es un signo de alerta puesto que muchas de las candidaturas serán disputadas precisamente en comunidades alejadas en las que se dificulta la presencia de las fuerzas federales.
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que fue hasta el 4 de marzo pasado cuando las autoridades dieron a conocer la estrategia federal para proteger a candidatos. «Preocupa que no se haya generado una estrategia con suficiente anticipación, ya que de haber existido podría haberse evitado la pérdida de vidas humanas», consideró.
En este sentido, el organismo sindical pidió alas autoridades atender los principales riesgos de cara a la elección. «Esta labor debe ser conjunta entre el INE, las autoridades y fiscalías federales y locales para el monitoreo de los perfiles de los aspirantes, de tal manera que se cierre cualquier resquicio por el que podrían acceder a candidaturas personajes vinculados al crimen organizado», destacó.
Enfatizó que la estrategia de protección debe ser integral y que en la prevención de asesinatos deben contemplarse los principales tipos de agresiones que se están suscitando: Amenazas con el 30% de los casos reportados; 7% privación ilegal de la libertad; 6% atentados contra familiares; 4% robo de oficinas; 4% daño a la propiedad; 3% ataques contra colaboradores; 2% lesiones; 1% intimidación según la información del reporte elaborado por Etellekt Consultores.
