Tras subrayar que el derecho al agua es una garantía constitucional que tienen todos los mexicanos, la diputada local Floralma Gómez Sántiz, aseguró que en Chiapas aproximadamente 2.5 millones de habitantes dependen de una gestión comunitaria para tener el vital líquido.
Dijo que Comités, Patronatos, Asociaciones y Juntas de Agua existentes en la entidad generalmente son marginadas, restando así su importancia para cerrar las brechas de desigualdad. «No cuentan con el apoyo institucional que podrían otorgarles los Ayuntamientos», recalcó.
La legisladora del partido Verde señaló que esto origina incertidumbre jurídica en las organizaciones comunitarias respecto al derecho que tienen sobre algunas fuentes de agua, derechos de paso y gestión de costos.
En una breve disertación sobre esta problemática, la representante popular enfatizó que otro conflicto lo representa el que diversos Ayuntamientos enfrenten el acaparamiento de infraestructura hidráulica por parte de particulares o incluso pobladores.
Aseguró que el reconocimiento político de las organizaciones comunitarias por parte de los gobiernos locales, reforzaría el principio necesario de la corresponsabilidad como principio necesario para atender de forma integral las mejoras al modelo de desarrollo municipal ordenado y sustentable.
Gómez Sántiz calificó como urgente establecer nuevas condiciones para mejorar la calidad del agua y el saneamiento en Chiapas, anteponiendo el interés público que demanda la prioridad de atención.
La legisladora recordó que en mayo pasado se celebró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Conferencia Mundial del Agua donde se refrendó el compromiso que tienen los humanos a dicho elemento.
