“Las personas y organizaciones firmantes manifestamos nuestro apoyo al proceso de pacificación anunciado por su equipo de transición y hacemos público nuestro respaldo a la propuesta de despenalizar las drogas”, señalan en una carta dirigida al virtual Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Nadie se opondrá realmente al proceso de pacificación del país, aunque éste resulte complejo y doloroso. Regular las drogas no es –por sí sola- una medida suficiente para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz”, agrega.
La carta está firmada por personajes como el ex sacerdote Alberto Athié y el empresario Claudio X González, así como organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y organizaciones nacionales como Cencos, Fundar, Semáforo Delictivo, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y colectivos de desaparecidos como Sabuesas de Guerrero, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Colectivo Desaparecidos Querétaro, entre otros. Los firmantes promueven los hashtags #TocaRegular y #RegulaciónPorLaPaz.
En la misiva recuerdan que “México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve –pero exitoso- ensayo de descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales”.
Desde entonces, añaden, “nuestra política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de nuestra población”.
Critican que este prohibicionismo fue “llevado a su extremo” hace 12 años “cuando en una decisión errada el Presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e iniciar una ‘guerra contra las drogas’”.
Luego, pese a lo evidente del fracaso de esta guerra y lo innegable de sus costos, “la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente administración y, en su lugar, el Gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización”.
El documento destaca que la elección del 1 de julio fue un “contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra”. Señala que en congruencia con ese mandato, miembros del equipo de transición como los senadores electos Olga Sánchez, quien también está prevista para encabezar la Secretaría de Gobernación, y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso para que el proceso de pacificación incluya la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y la regulación de las drogas.
“Los firmantes apoyamos este posicionamiento”, agregan.
La Ministra en retiro Olga Sánchez dijo, en un reciente foro en el Colegio de México, que para lograr la paz en el país se debe considerar además de la amnistía, la reducción de penas, comisiones de la verdad y reparación del daño para las víctimas, la despenalización de las drogas.
“Les voy a dar el mensaje que me dio Andrés Manuel, conociendo que he hablado en foros y en entrevistas sobre la despenalización de la droga: ‘Carta abierta: lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar el país. Abramos el debate’”, dijo Sánchez Cordero, durante su participación en el Seminario “Olvido, verdad y justicia” el pasado 17 de julio.
En su posicionamiento, las organizaciones y ciudadanos firmantes coinciden en que a diferencia de hace 12 años, “México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos”.
“Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo- estamos proponiendo políticas de drogas alternativas. Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo”, añaden.
Destacan que existen “serios obstáculos” que el país deberá sortear: “Desde el extranjero, habrá quienes nos exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos de regulación. Desde el interior, habrá también quien busque defender los intereses de la fallida estrategia o quienes, de buena fe, tardarán en aceptar la evidencia cada día más contundente de su fracaso”.
Este mismo martes, la organización Semáforo Delictivo alertó que la tragedia de la violencia en México continuará si no se regulan las drogas. La organización informó que el primer semestre de este 2018 se registraron en promedio 60 asesinatos diarios.
El director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, calificó de “valiente e inteligente” la propuesta de Sánchez Cordero. “Así lo hemos propuesto desde hace varios años y finalmente vemos una respuesta responsable, en lugar de las evasivas a las que nos tienen acostumbrados los políticos en México”, dijo.
Detalló que la regulación de algunas drogas es sólo el primer paso para una estrategia de pacificación y que se debe trabajar la paz de una manera diferente, que incluya estrategias científicas, información estadística y un enfoque preventivo y social.
“Los mexicanos estamos cansados del mal Gobierno que se manifiesta no sólo en los temas de seguridad, sino en todos los ámbitos; por ello es necesaria una reforma administrativa de fondo, que transfiera el poder a los ciudadanos y garantice el buen gobierno. Tenemos una oportunidad dorada para hacerlo y tenemos experiencia. No hay excusa, es momento de cambiar, con liderazgo ciudadano y compromiso político”, agregó Santiago Roel.
